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Después de más de dos décadas de negociaciones, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de un importante logro para los más de 370 millones de personas pertenecientes a comunidades indígenas en el mundo.

La declaración, ratificada con 143 votos a favor, cuatro en contra y once abstenciones, fue una iniciativa promovida por países con una importante población indígena, como México, Guatemala y Perú. Cuatro países que se opusieron a la declaración, todos ellos desarrollados y con fuerte dominancia anglosajona: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.Indígenas contra multinacionales
Uno de los aspectos principales de esta declaración es garantizar que se respete las propiedades de tierras ancestrales pertenecientes a las comunidades autóctonas, así como sus recursos naturales. Para ello, debe reconocerse debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de tierras de las poblaciones indígenas. Esto entra en conflicto con los intereses de las empresas multinacionales.

Durante el curso de los debates en Naciones Unidas, prominentes líderes indígenas de varios países destacaron la importancia de protegerse ante el avance de transnacionales madereras y otras que quieren explotar los recursos históricamente pertenecientes a las comunidades autóctonas.

Argentina reticente
Anteriormente, la declaración había sido aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En ese entonces, la hegemonía latinoamericana se vio rota por Argentina, que se abstuvo de dar su apoyo a la propuesta. Las razones habría que buscarlas en el litigio que Argentina mantiene con Gran Bretaña por la posesión de las Islas Malvinas. Buenos Aires temía que los habitantes del archipiélago, descendientes de los británicos, pudieran reivindicarse como población autóctona y reclamar el derecho de autodeterminación.

Políticas nacionales
Si bien esta declaración es un importante logro en la lucha de los pueblos indígenas por recuperar sus derechos, también queda claro que este acuerdo internacional debe ir acompañado por políticas nacionales que lo apoyen, ya que el documento en sí no es vinculante. Los diferentes Estados deben delinear políticas para combatir la discriminación, introducir reformas legislativas y destinar fondos para poner fin a la exclusión que empobrece a millones de indígenas en el planeta.

En el caso particular de América Latina, estamos hablando de entre 40 y 50 millones de personas. Hoy día, tanto los indicadores sociales como económicos dejan ver que la situación de la gran mayoría de las comunidades indígenas en el continente es mucho más precaria que los promedios nacionales.

fuente;hugo copes